Sudáfrica ha multiplicado por diez el límite de THC permitido en el cáñamo, que pasa del 0,2% al 2%, con la Ley de Mejora de Plantas de 2025. La norma, impulsada por el presidente Cyril Ramaphosa y el ministro de Agricultura, John Steenhuisen, sustituye a la legislación de 1976, que se había quedado atrás frente a los avances en biotecnología, la agricultura sostenible y el auge del cannabis industrial.
En la práctica, el cáñamo florece en Sudáfrica con un margen muy superior al de la Unión Europea (0,3%) y Canadá (0,3%). El Gobierno presenta la reforma como parte de una estrategia nacional para modernizar el sector agrícola y abrir nuevas oportunidades económicas.
Qué permite el nuevo límite
El cambio permite cultivar variedades más resistentes y adaptadas al clima sudafricano, favorece la diversificación genética y el desarrollo de semillas locales y da pie a un mercado más competitivo en sectores como el textil, la construcción sostenible, los bioplásticos, la cosmética y el bienestar.
Un límite más flexible que el de muchos países occidentales puede atraer inversión extranjera e impulsar la investigación en genética vegetal y aplicaciones industriales. Sudáfrica aspira así a convertirse en un centro regional de producción y exportación de cáñamo industrial y en pionera de su regulación en África.
Un marco para todas las plantas cultivadas
La ley va más allá del cannabis y regula todas las plantas cultivadas en el país. Obliga a registrar a las empresas y locales que comercialicen plantas y material de propagación, fija estándares de calidad para semillas y material vegetal con sistemas de certificación y controla las importaciones y exportaciones para reforzar la trazabilidad y la seguridad fitosanitaria.
Las nuevas variedades se evaluarán de forma oficial mediante un registro nacional, y por primera vez terceros podrán presentar objeciones a la inscripción de una variedad. Un comité asesor técnico apoyará al registrador en las decisiones complejas.
El sistema de objeciones y el registro nacional deberían dar más confianza al sector y reducir el riesgo de monopolios o prácticas poco éticas. La reforma persigue además más competitividad agrícola y resistencia al cambio climático gracias a variedades adaptadas, nuevas cadenas de valor y empleo local, de la producción a la transformación industrial, y una menor dependencia de las semillas importadas.
