Italia aplica desde el 12 de abril de 2025 el artículo 18 del Decreto de Seguridad, que prohíbe todas las actividades relacionadas con las inflorescencias de cáñamo, de la importación al procesamiento, el transporte y la distribución, sin distinguir entre las variedades industriales con poco THC y el cannabis psicoactivo. La prohibición del cáñamo ha dejado fuera de la ley a un sector que hasta ahora era legal y estaba en crecimiento, y ha abierto una batalla en los tribunales y en las calles.
La norma pone en riesgo a unas 3.000 empresas y 30.000 trabajadores, de los que 10.000 tienen empleo a tiempo completo y 20.000 son temporales. El sector facturó en 2024 más de 2.000 millones de euros y ahora afronta cierres forzosos e incertidumbre legal. Fuera de Italia, la medida se ha interpretado como un golpe a la innovación agrícola y al valor económico del cáñamo.
Recursos y dudas de los jueces
Las asociaciones Canapa Sativa Italia (CSI) e Imprenditori Canapa Italia (ICI) presentaron el primer recurso el 18 de abril en Florencia. Alegan que el Gobierno no notificó la norma a la Comisión Europea, como exige la Directiva de Transparencia del Mercado Único (2015/1535), y que vulnera la libre circulación de mercancías en la UE. En una carta enviada al presidente de ICI el 11 de abril, la Comisión confirmó que esa falta de notificación permite a los tribunales dejar de aplicar la norma.
Dentro del país, jueces de varias regiones han cuestionado la constitucionalidad del decreto por falta de proporcionalidad y abuso de la vía de urgencia. Un juez de Udine planteó dudas sobre la legitimidad de las reformas del Código de Circulación, y el juez de instrucción (GIP) de Pordenone señaló posibles contradicciones con los artículos 3, 25 y 27 de la Constitución italiana.
El caso llega a Bruselas
La eurodiputada Valentina Palmisano (Movimiento 5 Estrellas) registró el 24 de abril una pregunta parlamentaria en la que pide a la Comisión que abra un procedimiento de infracción contra Italia. Palmisano recuerda además que el Tribunal de Justicia de la UE avaló la venta de productos de CBD mientras no se demuestren riesgos para la salud pública.
La directora de la Asociación Europea de Cáñamo Industrial, Lorenza Romanese, acusó a Italia de ignorar tratados como la Convención Única sobre Estupefacientes y principios básicos del Derecho europeo, lo que a su juicio daña la credibilidad jurídica del país.
Mientras tanto, las restricciones se han ampliado. El 16 de abril, el Tribunal Administrativo Regional del Lacio clasificó el CBD como estupefaciente, de modo que la prohibición alcanza también a aceites y otros derivados, sea cual sea la parte de la planta de la que procedan. Ha generado polémica, además, el caso de Elena Tuñiz, una profesora con epilepsia a la que se suspendió el permiso por sospecha de consumo de cannabis; la decisión está recurrida y sus defensores la ponen como ejemplo de una aplicación desproporcionada de la norma.
Plazo hasta el 12 de junio
Empresas y organizaciones civiles han convocado movilizaciones, como la manifestación nacional del 31 de mayo en Roma, para exigir que se revierta la norma. En las audiencias parlamentarias, constitucionalistas como Alfonso Celotto han subrayado que cualquier autoridad administrativa debe dejar de aplicar las normas contrarias al Derecho de la UE.
El Decreto de Seguridad tiene que convertirse en ley antes del 12 de junio de 2025, lo que deja poco margen para los recursos y las protestas. Lo que ocurra en ese plazo decidirá el futuro del cáñamo industrial en Italia y la posición del país ante las instituciones europeas.
