El Consejo de Ministros de Italia ha aprobado un decreto que prohíbe actividades relacionadas con las flores de cáñamo industrial, declarando ilegales productos anteriormente permitidos, como las flores de cáñamo y el CBD. Esta medida impacta a más de 3.000 empresas y a 30.000 trabajadores, transformando al sector en un problema jurídico y penal. Además, el decreto sobre el CBD lo clasifica como narcótico, prohibiendo su uso en productos internos, aunque su inclusión en cosméticos sigue siendo incierta debido a circulares contradictorias. Estas decisiones van en contra de las normativas europeas y han generado apelaciones legales por parte de asociaciones como Canapa Sativa Italia (CSI) e Imprenditori Canapa Italia (ICI), quienes defienden la seguridad y legalidad del CBD.
Ataque grave a la estabilidad económica de este sector agrícola regulado
La prohibición del cáñamo industrial y del CBD representa un ataque grave a la estabilidad económica de un sector agrícola regulado, transparente y trazable, que no había generado problemas de salud pública ni seguridad social. Organizaciones como CSI e ICI están liderando una resistencia legal para revertir estas decisiones, apoyándose en estudios científicos que demuestran la seguridad del CBD y apelando a las leyes europeas sobre libre comercio y competencia.
A nivel político, el gobierno de Giorgia Meloni ha demostrado una postura contraria a los cannabinoides, impulsando medidas estrictas que reflejan preocupaciones ideológicas sobre el uso del cáñamo. Sin embargo, estas acciones exponen a Italia al riesgo de demandas legales internacionales y a procedimientos de infracción por parte de la Comisión Europea, que ya investiga las restricciones impuestas.
Por último, la prohibición de las flores de cáñamo, conocidas como «cannabis light», agrava aún más la situación. Aunque estas flores están reguladas dentro del límite de THC permitido por la Unión Europea, su prohibición es vista como una decisión punitiva que amenaza directamente los principios de competencia leal y la economía local, dejando al sector en una incertidumbre jurídica y económica que afecta a miles de familias italianas. Frente a esta crisis, asociaciones y expertos continúan trabajando para defender la industria del cáñamo y exigir un retorno a políticas basadas en evidencias científicas y legislación europea.
