El Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) ha despenalizado la posesión de marihuana hasta 40 gramos para uso personal, marcando un cambio significativo en la política de drogas del país. Esta decisión, liderada por el juez Gilmar Mendes, pone fin a un debate de más de una década y establece una clara distinción entre consumidores y traficantes. Los usuarios ahora enfrentan advertencias y cursos educativos en lugar de penas de prisión, aunque la policía puede imputar tráfico si hay indicios de venta.
La medida busca aliviar la crisis carcelaria en Brasil, donde más de 200.000 reclusos están vinculados a delitos de drogas. Sin embargo, la implementación enfrenta desafíos debido a la actuación policial desigual y las estructuras educativas deficientes. Aunque la marihuana sigue siendo ilegal en espacios públicos y los derivados como aceites quedan fuera de la decisión, el límite de 40 gramos o seis plantas hembra podría liberar a miles de personas y reducir las desigualdades sistémicas en el sistema judicial.
Actualidad Legal del Cannabis en Brasil
Brasil ha dado pasos importantes hacia la despenalización del cannabis, pero aún enfrenta tensiones políticas y sociales. La decisión del STF se suma a un contexto global de reformas en políticas de drogas, aunque el Congreso y sectores conservadores han mostrado resistencia. A pesar de la despenalización, el uso recreativo y la comercialización de derivados como aceites y flores de cannabis siguen siendo ilegales.
En comparación con otros países de América Latina, Brasil avanza lentamente en la regulación del cannabis. Mientras que naciones como Uruguay y México han legalizado el uso recreativo, Brasil se mantiene en un enfoque restrictivo, limitando el consumo personal y enfrentando críticas por la falta de criterios objetivos en la aplicación de la ley.
La despenalización ha generado un debate sobre el impacto en la población carcelaria y las desigualdades raciales en el sistema judicial. Aunque la medida promete aliviar la sobrepoblación en las cárceles, su implementación efectiva depende de reformas estructurales en la policía y el sistema educativo. Además, el apoyo público sigue siendo dividido, con un 52% de los brasileños oponiéndose a la legalización según encuestas recientes.
La evolución de la política de drogas en Brasil refleja un cambio hacia un enfoque más pragmático, pero aún enfrenta desafíos significativos en su camino hacia una regulación más inclusiva y efectiva.
