La reforma de la Ley 28/2005 sobre el tabaco, aprobada por el Consejo de Ministros el 21 de julio de 2026, ha puesto en alerta al sector cannábico. El texto no menciona el cannabis en ningún momento, pero introduce cambios que pueden vaciar de contenido la actividad diaria de los clubes sociales de cannabis, una red que llegó a ser la más grande de Europa.
La nueva ley del tabaco en España llega con medidas muy visibles: prohíbe fumar en playas, terrazas y espacios interiores compartidos, restringe los cigarrillos electrónicos y limita la venta de vapeadores a tiendas especializadas. Entre esas disposiciones figura otra menos comentada, la eliminación de la exención que permitía fumar en clubes privados de fumadores.
El fin de la exención de 2010
Esa exención, introducida en 2010, ha sido durante más de una década el soporte legal que permitía a los clubes ofrecer consumo en sus instalaciones. El nuevo texto la suprime y, además, incluye los “productos herbales para fumar” en el mismo régimen que el tabaco, una categoría que abarca al cannabis aunque no lo nombre.
Los clubes nunca han tenido una ley específica. Se han sostenido sobre dos pilares: la doctrina del consumo compartido, que permite a un grupo cerrado de adultos cultivar y compartir cannabis sin que se considere tráfico, y la exención de la Ley del Tabaco para los clubes privados de fumadores legalmente constituidos. La reforma elimina el segundo.
En la práctica, fumar cannabis dentro de un club pasaría a ser ilegal, igual que fumar tabaco, y cualquier espacio interior compartido se convertiría en zona libre de humo. Los clubes podrían seguir existiendo, pero sin consumo en el local, que es lo que buscan la mayoría de sus socios.
Un sector que ya vivía en la incertidumbre
Según datos citados por cannabicultor.com, entre 2018 y 2020 España llegó a tener entre 800 y 1.000 clubes sociales de cannabis, la mayor red de Europa. Cataluña, y en especial Barcelona, fue el centro del movimiento, con más de 100 clubes y un volumen económico estimado en 60 millones de euros anuales.
La última década ha estado marcada por sentencias restrictivas del Tribunal Supremo, la anulación de las leyes autonómicas de Navarra y Cataluña, las sanciones por posesión en la vía pública bajo la Ley Mordaza y la falta de una regulación estatal clara. La diferencia ahora es que el golpe no llega de los tribunales, sino de una ley nacional de aplicación uniforme, sin margen para interpretaciones caso por caso.
El informe de Cannabicultor señala además una contradicción: consumir o cultivar cannabis en casa no está sancionado, pero llevar una pequeña cantidad por la calle puede costar entre 601 y 30.000 euros según el artículo 36.16 de la Ley de Seguridad Ciudadana. Los clubes han funcionado hasta ahora como espacios controlados para el consumo colectivo. Con la reforma, ese espacio desaparece y la sanción en la vía pública se mantiene.
La confederación ConFAC recuerda que el 74% de las sanciones de la Ley Mordaza en 2023 fueron por posesión de drogas, con una recaudación de más de 130 millones de euros para el Estado. Existe una propuesta para rebajar esas multas a un mínimo de 100 euros, pero la reforma del tabaco avanza más deprisa y podría entrar en vigor antes de que termine la legislatura.
Qué puede pasar con los clubes
Si la reforma sale adelante, fumar dentro de los clubes quedaría prohibido incluso cuando el cannabis se cultive y distribuya bajo la doctrina del consumo compartido. Algunos clubes podrían reconvertirse en asociaciones de cultivo, puntos de distribución sin consumo o centros de información y reducción de riesgos, aunque perderían su principal atractivo: el consumo social en un entorno seguro.
Sin clubes ni espacios públicos donde fumar, el consumo se desplazaría a los domicilios, con más posibilidades de molestias vecinales, riesgos para menores y consumo sin supervisión. Y como la ley no aclara nada sobre el cannabis pese a afectarlo de lleno, los clubes quedarían en un limbo legal todavía más frágil.
El Gobierno presenta la reforma como una medida de salud pública, en un país donde el tabaquismo causa 50.000 muertes al año. Pero sería la primera vez que una ley estatal limita de forma directa y uniforme el funcionamiento de los clubes, sin depender de interpretaciones judiciales. Si se aprueba con la redacción actual, el modelo tal como funciona hoy dejaría de ser viable.
