Dos tribunales administrativos regionales de Italia han dictado en las últimas semanas resoluciones que cuestionan la aplicación automática del artículo 18 del llamado decreto de seguridad, la norma con la que el Gobierno quiere restringir la venta de cáñamo. Mientras tanto, ayuntamientos de derecha y de izquierda siguen ordenando el cierre de tiendas, y miles de pequeños comerciantes trabajan sin saber a qué atenerse.
El artículo 18 prohibió de forma inmediata la venta de las flores de cáñamo y el “cannabis ligero”, así como de sus derivados, incluso con niveles mínimos de THC. Pero la jurisprudencia penal italiana establece que el “cannabis suave” solo es ilegal si se demuestra que produce efectos psicoactivos. Sin esa prueba, venderlo no es delito, y los jueces empiezan a exigirla también en la vía administrativa.
Ventimiglia y Nova Milanese, dos casos distintos
En Ventimiglia, en Liguria, el ayuntamiento ordenó cerrar una tienda que vendía flores de cáñamo en máquinas expendedoras, con el argumento de que el artículo 18 era de aplicación inmediata y no hacía falta evaluar efectos psicoactivos. El Tribunal Administrativo Regional (TAR) de Liguria no lo aceptó: el 11 de junio suspendió la orden porque su ejecución podía causar un daño grave e irreparable a la empresa y porque la prohibición no puede aplicarse sin una prueba concreta de esos efectos.
Lorenzo Simonetti, abogado del comerciante, subraya que es la primera resolución que combina jurisprudencia administrativa y penal para defender la legalidad de la venta minorista de cáñamo. Otros comerciantes en situación similar ya la citan como precedente.
En Nova Milanese, en Lombardía, el ayuntamiento también ordenó el cierre de una tienda, pero su dueño cerró por su cuenta antes de que se resolviera el recurso. El 17 de junio, el TAR de Lombardía suspendió el procedimiento a la espera de lo que digan el Tribunal Constitucional italiano y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). La vista ante el Constitucional está fijada para el 21 de octubre de 2026.
Cierres de uno y otro signo político
Los cierres no responden a un solo color político. En Ventimiglia firmó la orden Flavio Di Muro, alcalde de la Liga (derecha); en Nova Milanese, Fabrizio Pagani, alcalde apoyado por el Partido Demócrata (centroizquierda). Ese mismo partido, desde los gobiernos regionales de Apulia y Emilia-Romaña, ha recurrido la prohibición ante el Tribunal Constitucional. “La hostilidad hacia el cáñamo trasciende las divisiones políticas, tanto de derecha como de izquierda”, resume el abogado Giacomo Bulleri.
La asociación Canapa Sativa Italia celebró la decisión de Liguria porque, según ella, confirma lo que defiende desde hace años: que la flor de cáñamo no basta por sí sola para que haya delito y que el artículo 18 no puede desmontar una cadena de suministro legal sin pruebas científicas. Su Observatorio del Artículo 18 documenta casos, recopila jurisprudencia y asesora a los comerciantes afectados.
Un mercado a la espera de Luxemburgo
Hoy el mercado italiano es desigual. Algunas empresas siguen abiertas gracias a la protección de los tribunales y otras han cerrado por orden municipal, de modo que lo que encuentra el consumidor depende de la región.
La gran incógnita es la sentencia del TJUE, que puede determinar si la prohibición italiana vulnera las normas comunitarias sobre libre circulación de mercancías y productos agrícolas. Junto con la decisión del Constitucional, de ella depende cómo quedará regulado el mercado del cáñamo en Italia y el futuro de miles de pequeños negocios.
