Un grupo de diputados chilenos ha presentado el proyecto «Regulación por la Paz», que propone una regulación responsable del cannabis para uso adulto. La iniciativa quiere dar un marco claro al consumo recreativo, que hoy se mueve en una zona gris legal, mientras el uso medicinal, aunque técnicamente legal, sigue teniendo un acceso muy limitado.
El texto toma como referencia los modelos de Uruguay, Canadá y Alemania. Sus objetivos declarados son proteger a los consumidores, debilitar el mercado negro y quitar al crimen organizado el control de la distribución. Es un paso notable en un país históricamente conservador en política de drogas, y llega tras años de presión de activistas que han ido cambiando la percepción pública.
Qué permitiría la ley
Los adultos mayores de 18 años podrían cultivar en casa hasta seis plantas con flor y poseer hasta 800 gramos al año para uso personal, con un máximo de 40 gramos encima en la vía pública.
El consumo en espacios públicos seguiría prohibido. Se permitiría en espacios privados, con limitaciones: nunca cerca de menores, en centros educativos ni en el transporte público.
El proyecto también contempla asociaciones culturales sin ánimo de lucro de hasta 500 miembros, que podrían cultivar y repartir cannabis entre sus socios. Supondría dar cobertura legal a clubes que ya funcionan de manera informal.
Mercado negro y contexto internacional
La meta principal es restar peso al mercado ilegal ofreciendo un acceso legal y seguro, con productos regulados y de más calidad. Los promotores esperan también un ahorro en la persecución judicial de delitos menores relacionados con el cannabis.
La propuesta se suma a los cambios regulatorios en América Latina y fuera de ella. Colombia, Uruguay, Canadá y, más recientemente, Alemania han aprobado modelos que, según sus defensores, reducen el narcotráfico, aumentan la recaudación y normalizan el consumo recreativo. Con esta ley, Chile se alinearía con un enfoque más pragmático de la política de drogas.
Los obstáculos en el Congreso
El diputado Vlado Mirosevic es una de las caras visibles de la iniciativa y defiende abiertamente la legalización del uso recreativo. Su planteamiento, que se presenta como progresista y humanista, prioriza la salud pública, el bienestar social y las libertades civiles, y se desmarca de los modelos más libertarios de algunos países vecinos.
El texto se enfrenta a un Congreso donde los sectores conservadores podrían retrasarlo o bloquearlo, como ya ocurrió con reformas anteriores. Una parte de la sociedad sigue viendo el cannabis como un problema de salud o de seguridad, y si la ley sale adelante, su aplicación exigirá reglas claras para no caer en ambigüedades. Por ahora, la propuesta ha conseguido situar la legalización en el debate legislativo y en la campaña presidencial.
