El Senado de Estados Unidos aprobó el 12 de noviembre de 2025 prohibir los productos de cáñamo que contengan cualquier forma de THC. La medida, que el sector interpreta como una guerra al cáñamo, va incluida en un proyecto de gasto masivo destinado a poner fin al cierre del Gobierno más largo de la historia del país.
El republicano Rand Paul, senador por Kentucky, intentó frenarla con una enmienda, alegando que destruiría granjas y pequeñas empresas. Su propuesta fue rechazada por 76 votos contra 24. El presidente Donald Trump respalda la redacción actual, en línea con Mitch McConnell, que defiende cerrar la «laguna legal» abierta por la Ley Agrícola de 2018. El demócrata Jeff Merkley, de Oregón, advirtió de que la prohibición «destruiría una industria construida durante más de una década».
Qué cambia en la definición de cáñamo
Hasta ahora, el cáñamo era legal si contenía un máximo del 0,3 % de delta-9 THC en peso seco. Con el nuevo texto, ese límite del 0,3 % se aplica a todas las formas de THC (delta-8, delta-10, THCA y otras) y a los cannabinoides con efectos similares.
Además, se fija un máximo de 0,4 mg de THC total por envase, lo que afectaría a bebidas, comestibles y vapeadores, y se prohíben los cannabinoides sintéticos o que no se producen de forma natural, como el HHC o el THC-P. La FDA y otras agencias tendrán 90 días para publicar una lista oficial de cannabinoides naturales y psicotrópicos que facilite la aplicación de la ley.
Un golpe económico para el sector
La Mesa Redonda del Cáñamo de EE. UU. calcula que la prohibición acabaría con el 95 % del mercado de cannabinoides derivados del cáñamo. Eso supondría la pérdida de 300 000 empleos y una caída de más de 1 500 millones de dólares anuales en ingresos fiscales para los estados. Los agricultores, sobre todo en estados como Kentucky, sufren ya la bajada de precios y la incertidumbre del mercado.
La industria está dividida. Las empresas del cáñamo hablan de una «sentencia de muerte», mientras que la del cannabis regulado apoya la prohibición porque elimina la competencia desleal de productos psicoactivos derivados del cáñamo que esquivaban las normas estatales. También la respaldan los fabricantes de bebidas alcohólicas (Beer Institute, Wine Institute y otros), que dicen querer proteger a los consumidores y asegurar la reapertura del Gobierno. Grandes corporaciones como Coca-Cola, Kraft Heinz y Nestlé presionan al Congreso alegando motivos de seguridad pública.
Lo que queda por decidir
El proyecto debe pasar ahora por la Cámara de Representantes y recibir después la firma de Trump. Si sale adelante, reabrirá el Gobierno y cambiará de raíz el mercado del cáñamo en Estados Unidos, lejos del optimismo con el que la Ley Agrícola de 2018 lo presentó como motor económico.
Rand Paul prepara ya su respuesta: la Ley HEMP, que triplicaría el límite de THC permitido y apostaría por modernizar la regulación en lugar de prohibir.
