El Gobierno de Líbano ha legalizado el cultivo de cannabis con fines médicos y farmacéuticos con la expectativa de ingresar hasta 1.000 millones de dólares al año, según estimaciones de la consultora McKinsey. La decisión, anunciada oficialmente a finales de octubre de 2025, busca reactivar la economía rural, reducir el déficit fiscal y sacar de la clandestinidad un cultivo que se practica desde hace décadas.
La medida desarrolla una ley aprobada en 2020 que convirtió a Líbano en el primer país árabe en regular este cultivo con fines terapéuticos. En comunidades rurales como Hermel, el cannabis ha sido durante años la única fuente de sustento, y pese a las campañas de erradicación siguen dedicadas a la planta unas 450 hectáreas.
Un comité para controlar la producción y la venta
El Gobierno ha creado un Comité de Gestión del Cultivo de Cannabis, presidido por Dani Fadel, que supervisará la producción, establecerá canales de venta legales y procurará que los agricultores puedan vender sus cosechas a precios competitivos en el mercado internacional sin depender de redes ilegales.
El comité coordinará además la relación con fabricantes farmacéuticos nacionales y extranjeros, con vistas a crear una industria exportadora de alto valor añadido.
Escepticismo y esperanza en Hermel
Los agricultores de Hermel han recibido la noticia con una mezcla de escepticismo y esperanza. Llevan años denunciando la falta de alternativas agrícolas viables y de planes de desarrollo por parte del Estado. Según explican, el cannabis es más rentable y barato de cultivar que otros productos como la manzana, y ha sido su forma de sobrevivir ante el abandono institucional.
Si se aplica con transparencia, el acceso a un mercado regulado permitiría a estos agricultores salir de la clandestinidad y mejorar sus condiciones de vida en regiones históricamente marginadas.
La apuesta por el mercado internacional
Más allá del alivio fiscal, el Gobierno ve en el cannabis medicinal una oportunidad para hacerse un hueco en un mercado global en crecimiento. Según la ONU, Líbano es uno de los mayores productores de hachís del mundo, una experiencia que podría convertirse en ventaja competitiva si se orienta hacia productos de calidad farmacéutica.
Los ingresos de la nueva industria podrían servir también para reactivar proyectos de infraestructuras, sanidad y educación paralizados desde hace años por la crisis económica y la inestabilidad política.
