El Bundestag celebró el 18 de diciembre la primera lectura de la enmienda que marcará el futuro del cannabis medicinal en Alemania, un mercado que ya roza los mil millones de euros. La reforma del cannabis medicinal entra así en su fase decisiva, en plena atención internacional por la orden ejecutiva de reprogramación firmada por el presidente Donald Trump en Estados Unidos.
El debate parlamentario duró apenas 20 minutos, pero bastó para dejar a la vista tensiones dentro del Gobierno y problemas de fondo que pueden descarrilar el texto. El siguiente paso es una audiencia en la Comisión de Salud el 14 de enero, donde 22 expertos expondrán sus argumentos. La aprobación final no se espera hasta la primavera de 2026, y para entonces el proyecto podría ser muy distinto.
Una contradicción con la normativa europea
Carmen Wegge, portavoz del SPD en materia legal y de cannabis, recordó la llamada Ley de Struck, un principio no escrito del parlamentarismo alemán según el cual ninguna ley sale del Bundestag tal como entró. Este proyecto tiene papeletas para confirmarlo.
La enmienda obliga a los pacientes a acudir en persona a médicos alemanes, pero permite que médicos de otros países de la UE receten cannabis por telemedicina sin restricciones. Para expertos como el Dr. Sebastián Marincolo, ese desequilibrio es legalmente insostenible con la normativa europea, sobre todo en lo que respecta a la libre circulación de servicios, y además deja a los médicos alemanes en clara desventaja.
El origen está en una cadena de decisiones contradictorias. El Bundesrat recomendó prohibir las recetas emitidas desde otros países de la UE; el Gobierno Federal rechazó la propuesta por considerarla incompatible con la legislación europea, y el resultado es una “asimetría regulatoria” que amenaza la viabilidad del proyecto.
El SPD se desmarca del Ministerio de Sanidad
La ministra de Sanidad, Nina Warken, defendió la reforma con un dato: las importaciones de cannabis medicinal crecieron un 400 %, de 19 a 80 toneladas, en la primera mitad de 2025, lo que a su juicio demuestra un abuso generalizado del sistema. El SPD, que impulsó la ley CanG en la legislatura anterior, rechazó de plano esa interpretación. Su portavoz Matthias Mieves fue tajante:
“El proyecto actual perjudicaría gravemente a las personas enfermas que dependen del cannabis medicinal. El SPD no abandonará a quienes necesitan un suministro seguro”.
Este choque dentro de la coalición puede acabar siendo un obstáculo decisivo para que el texto salga adelante.
Las farmacias, sin forma de aplicar la ley
Aunque haya acuerdo político, el abogado especialista en regulación Kai-Friedrich Niermann advierte de que la ley podría quedarse en un “tigre de papel”. El cuello de botella son las farmacias, que seguirán siendo el punto central de distribución pero no tienen herramientas para saber si una receta es inicial o de seguimiento, si viene de una plataforma de telemedicina extranjera, si cumple los nuevos requisitos nacionales o si el paciente ya ha recibido otras prescripciones.
La alternativa, que los farmacéuticos revisen historiales médicos confidenciales, chocaría con la protección de datos e incluso podría exponerlos a responsabilidad penal. En la práctica, las farmacias solo rechazarían recetas ante una sospecha clara de abuso, las plataformas extranjeras seguirían funcionando igual y la ley se quedaría sin efectos reales.
Con problemas de encaje en la legislación europea, divisiones en el Gobierno y dudas sobre su aplicación, la reforma llega a la audiencia del 14 de enero necesitada de cambios profundos. Si se cumple la Ley de Struck, lo que entró en el Bundestag en diciembre no será lo que salga en 2026.
