La industria del cannabis en Sudáfrica podría valer hasta 28.000 millones de rands, según estimaciones del propio Gobierno, pero la mitad de ese mercado sigue funcionando fuera de la ley. El sector ha crecido muy deprisa desde la despenalización y lo ha hecho sin un marco legal que lo ordene, de modo que lo que el Ejecutivo presenta como una oportunidad verde convive con tiendas que se acogen a interpretaciones creativas de la normativa y clubes que abren cada día sin saber si se exponen a una sanción.
Un mercado que creció sin permiso
En 2018 se despenalizaron el cultivo y la posesión en el ámbito privado. Desde entonces, emprendedores, agricultores, comerciantes y consumidores han levantado una red que llega a ciudades, pueblos y zonas rurales, sin que el Estado la impulsara. Hoy hay miles de tiendas y clubes que venden flores, vaporizadores, comestibles y derivados, con independencia de su situación legal.
El estratega jurídico Charl Botha, una de las voces más escuchadas del sector, calcula que solo el comercio minorista mueve entre 9.000 y 10.000 millones de rands al año. Lo sostienen unas 550 toneladas de flores que se distribuyen a través de unas 8.500 tiendas y 2.500 clubes. Es un mercado que genera empleo y tiene su propia cadena de suministro, pero en el que quien intenta cumplir las normas encuentra más obstáculos que quien opera al margen.
El Comité Parlamentario de Comercio, Industria y Competencia se reunió el mes pasado para revisar el Plan Maestro Nacional del Cannabis, el documento que debe sentar las bases de un mercado regulado. La sesión dejó a la vista que ni el Gobierno sabe cuánto mide la industria. En una misma intervención, funcionarios del Departamento de Comercio e Industria (DTIC) dieron tres cifras: una base de 14.000 millones de rands, un potencial total de 28.000 millones (1.446.000.000 EUR) y unos ingresos formales actuales de 5.500 millones.
Para Botha, esa disparidad revela un problema de fondo: sin datos fiables, el Parlamento no puede valorar la urgencia de la reforma, el grado de intervención necesario ni el tamaño real de la oportunidad.
Legal poseer, ilegal comprar
Sudáfrica arrastra una contradicción parecida a la de Alemania: los adultos pueden cultivar y poseer cannabis, pero no hay un canal legal para comprarlo. Eso empuja a los consumidores hacia mercados ilícitos o grises, con precios más bajos y casi sin barreras de entrada. Los operadores con licencia, que han invertido en instalaciones, permisos y cumplimiento normativo, se quedan sin un mercado interno en el que vender. La ley los reconoce, pero no les da herramientas para competir.
El Plan Maestro empezó a gestarse en 2019 y pasó por varios departamentos hasta llegar al DTIC, que ahora intenta coordinar una estrategia nacional. El presidente Cyril Ramaphosa lo citó en su Discurso sobre el Estado de la Nación de 2025, en el que afirmó que el país aspira a liderar la producción comercial de cáñamo y cannabis. El plan se apoya en nueve pilares, de la regulación y la investigación al desarrollo de mercados, la formación y la comunicación, e implica a diez departamentos, algo que ha añadido complejidad y solapamientos en lugar de agilizar el proceso. Botha lo resume así: los problemas están identificados y las soluciones, sobre la mesa; falta aplicarlas.
El cáñamo ilustra lo que está en juego. Un estudio reciente sobre su industrialización calcula que el sector podría pasar de 7.300 millones de rands en 2025 a más de 40.000 millones en 2040 si recibe un apoyo político coordinado. Menos polémico que el cannabis psicoactivo, podría generar empleo en el campo y en industrias como la textil, la construcción o los bioplásticos.
La ley no llegará antes de 2027
El reto ya no es crear un mercado, que existe y crece, sino integrarlo en la economía formal con impuestos, controles de calidad, licencias y reglas claras. El Gobierno prevé dividir el sector en cuatro áreas: medicina, textiles, cosméticos y alimentación. Por primera vez se contempla también una vía para que los cultivadores actuales se legalicen; muchos no rechazan la regulación, sino que no tienen forma de entrar en el sistema.
Nada de eso tiene todavía fuerza de ley. Ni el Plan Maestro ni la Política de Comercialización del Cáñamo y el Cannabis, cuya presentación se espera en 2026, son vinculantes, y el proyecto de ley que debería convertirlos en normas no llegará al Parlamento, como pronto, hasta 2027. Durante al menos dos años más, la industria seguirá avanzando más deprisa que la legislación.
Botha sostiene que la reforma debe medirse por resultados: si las personas pueden participar legalmente, si las empresas operan con seguridad jurídica y si las instituciones dan respuestas coherentes. Hoy, a su juicio, la respuesta a las tres es no. El país tiene agricultores con experiencia, buen clima, una red minorista consolidada, una gran demanda interna y voluntad política declarada. Según Botha, con una decisión política firme la transición hacia una regulación funcional podría hacerse en semanas, con mecanismos que ya existen.
