Francia y España tienen industria farmacéutica, experiencia clínica y más de 5 millones de usuarios anuales de cannabis cada una, pero sus pacientes apenas acceden al cannabis medicinal. España exportó más de 22 toneladas de flores medicinales en 2025 y no emitirá recetas antes del segundo semestre de 2026; Francia, tras cinco años de ensayo, solo mantiene activos a 1.683 pacientes.
Es la paradoja del cannabis en los dos países: una industria potente y una demanda masiva sin un mercado interno que funcione. El contraste con Alemania y el Reino Unido es claro. Allí se han adoptado modelos abiertos y centrados en el paciente, con amplio acceso en farmacias, formatos variados (incluidas las flores inhalables), telemedicina y telefarmacia. Francia y España mantienen marcos restrictivos, pensados para el control institucional, que excluyen la flor y limitan el acceso a hospitales y farmacias concretas.
Dos modelos cerrados, con diferencias
En Francia, el sistema se ha ido abriendo a las farmacias comunitarias, que dispensaron el 53 % de las recetas en 2025, aunque sigue dependiendo de productos importados y del registro farmacéutico. España mantiene un modelo hospitalario cerrado, sin farmacias comunitarias ni telemedicina, lo que frena su expansión y sobrecarga los hospitales.
Francia trabaja con productos terminados registrados, mientras que España exige fórmula magistral, lo que complica la estandarización. Los dos países piden un registro farmacéutico completo; en Alemania y el Reino Unido basta con cumplir estándares de calidad.
Estos modelos aportan legitimidad clínica y la posibilidad de financiación pública, pero no absorben la demanda real. Excluir los formatos inhalables, esenciales para el dolor agudo, reduce su utilidad médica, y el diseño del acceso responde más a tranquilizar a los reguladores que a atender a los pacientes.
Una industria que mira hacia fuera
La industria farmacéutica española está avanzada, pero orientada casi por completo a la exportación, y dos tercios de los productos que vende fuera no se cultivan en el país. Francia empieza a construir un sector propio, con empresas como Overseed o Chenevia, pero depende de las importaciones y su inestabilidad política amenaza la continuidad del ensayo.
Con el CBD ocurre algo parecido. Francia estabilizó su situación en 2021, pero para 2026 se propone centralizar su venta en los estancos y aplicarle un impuesto del 26 %, lo que pondría en riesgo su accesibilidad. En España carece de una regulación clara, con jurisprudencia restrictiva desde 2021 y una venta minorista sin control.
Qué haría falta
El análisis propone tres líneas de reforma. La primera, abrir el acceso clínico con farmacias comunitarias, telemedicina y formatos inhalables. La segunda, reforzar la producción nacional con estabilidad regulatoria, un registro de productos más sencillo y estándares de calidad armonizados. La tercera, conectar industria, prescriptores y pacientes en un sistema coherente. Sin esos cambios, advierte, serán otros países los que fijen los estándares europeos del cannabis medicinal en la próxima década.
