El 12 de abril de 2025, Italia implementó el artículo 18 del Decreto de Seguridad, una normativa que prohíbe todas las actividades relacionadas con las inflorescencias de cáñamo, como la importación, procesamiento, transporte y distribución, sin diferenciar entre variedades industriales con bajo contenido de THC y cannabis de alto contenido psicoactivo. Esta medida ha tenido repercusiones dramáticas en un sector previamente legal y en crecimiento, que ahora se enfrenta a la criminalización total.
Impacto en el tejido empresarial: La entrada en vigor de la norma ha puesto en riesgo la estabilidad de aproximadamente 3.000 empresas y 30.000 trabajadores, incluyendo 10.000 empleos a tiempo completo y 20.000 temporales. El sector, que generó en 2024 más de 2.000 millones de euros en ingresos, se ha visto gravemente afectado por el cierre forzoso y la incertidumbre legal. A nivel internacional, la medida ha sido percibida como un ataque a la innovación agrícola y la sostenibilidad económica que el cultivo de cáñamo representa.
Respuesta legal y jurídica: El impacto fue inmediato, y las asociaciones Canapa Sativa Italia (CSI) e Imprenditori Canapa Italia (ICI) presentaron el primer recurso legal el 18 de abril en Florencia. Apoyándose en la falta de notificación a la Comisión Europea, como exige la Directiva de Transparencia del Mercado Único (2015/1535), argumentan que la norma viola el principio de libre circulación de mercancías en la Unión Europea. La Comisión Europea, en una carta dirigida al presidente de ICI el 11 de abril, confirma que la ausencia de notificación hace que los tribunales puedan dejar de aplicar la norma.
A nivel nacional, jueces en diversas regiones han cuestionado la constitucionalidad del decreto, citando violaciones a los principios de proporcionalidad y abuso de medidas de emergencia. Ejemplos notables incluyen el caso del juez de Udine, que planteó dudas sobre la legitimidad de las reformas al Código de Circulación, y el GIP de Pordenone, quien señaló posibles contradicciones con los artículos 3, 25 y 27 de la Constitución Italiana.
Dimensión europea e internacional: El caso ha atraído la atención del Parlamento Europeo. La eurodiputada Valentina Palmisano (Movimiento 5 Estrellas) presentó una consulta parlamentaria el 24 de abril, instando a la Comisión Europea a iniciar un procedimiento de infracción contra Italia. También destacó la incompatibilidad de la normativa con el fallo del Tribunal de Justicia de la UE, que defiende la venta de productos de CBD en ausencia de riesgos demostrables para la salud pública.
Al mismo tiempo, la directora de la Asociación Europea de Cáñamo Industrial, Lorenza Romanese, denunció que Italia está ignorando tratados internacionales como la Convención Única sobre Estupefacientes y principios fundamentales del Derecho Europeo, poniendo en duda la credibilidad jurídica del país a nivel global.
Efectos secundarios y tensiones adicionales: El 16 de abril, el Tribunal Administrativo Regional de Lazio clasificó el CBD como estupefaciente, extendiendo la prohibición a productos como aceites y derivados, independientemente de la parte de la planta de cáñamo utilizada. Esto representa un golpe adicional al mercado, que se encuentra cada vez más asediado por restricciones legales.
Además, casos individuales como el de Elena Tuñiz, una profesora epiléptica cuya licencia fue suspendida por sospechas de consumo de cannabis, han generado controversia. Este caso refleja la aplicación desproporcionada de la normativa y ha sido objeto de apelaciones legales, destacando las tensiones entre los derechos individuales y las políticas restrictivas.
Movilización social y empresarial: El sector empresarial y la sociedad civil han respondido con una resistencia activa. Manifestaciones nacionales, como la organizada para el 31 de mayo en Roma, buscan presionar al gobierno para revertir la normativa. Durante audiencias parlamentarias, expertos constitucionalistas como Alfonso Celotto han subrayado que las normas contrarias al Derecho de la UE deben ser inaplicadas por cualquier autoridad administrativa.
Perspectivas futuras: El Decreto de Seguridad debe convertirse en ley antes del 12 de junio de 2025, dejando un margen de tiempo limitado para las apelaciones y la movilización social. Este período será crucial para decidir el futuro del cáñamo industrial en Italia y para evaluar la capacidad del país de mantener su credibilidad jurídica dentro de la Unión Europea.
En resumen, el artículo 18 del Decreto de Seguridad no solo ha puesto al sector del cáñamo en peligro, sino que ha desencadenado una batalla jurídica que involucra tribunales nacionales, instituciones europeas, gobiernos regionales y actores internacionales. Este caso se presenta como un símbolo de la tensión entre políticas nacionales restrictivas y los principios de libre mercado y derechos fundamentales promovidos por la Unión Europea.
