Francia ha aprobado la enmienda n.º 3058 al artículo 23 del proyecto de ley de presupuestos de 2026, que equipara el CBD al tabaco a efectos fiscales. Lo que se presentó como un compromiso legislativo entre el Gobierno y el Senado ha encendido las alarmas entre las empresas, los agricultores y los consumidores del cáñamo CBD, que lo ven como una amenaza para su supervivencia.
La nueva redacción clasifica los productos de cáñamo inhalables como «tabaco manufacturado». Eso supone una carga fiscal que el sector considera desproporcionada y un régimen regulatorio que, según sus representantes, podría desmantelarlo tal como existe hoy.
Qué cambia con la enmienda 3058
La reforma modifica el artículo L. 314-3 del Código Fiscal, que pasa a incluir como tabaco manufacturado cualquier sustancia que pueda fumarse o calentarse, sea cual sea su composición. Entran ahí las flores de CBD, las mezclas de hierbas, los productos de vapeo sin nicotina y el cáñamo legal inhalable.
La definición borra la frontera entre el tabaco, el cannabis no psicoactivo y los productos herbales. El resultado es un tipo impositivo del 51,4%, al que se suman un gravamen por kilogramo y una tributación mínima que, según el sector, hacen inviable la mayoría de los negocios actuales.
Tiendas, empleo y agricultores
En Francia hay unas 2.000 tiendas de CBD, en su mayoría pymes y microempresas independientes. Según la Unión de Profesionales del CBD (UPCBD), el sector factura 1.100 millones de euros al año, aporta 320 millones de euros a las arcas públicas y da empleo directo a 30.000 personas. La organización calcula que el nuevo marco cerraría entre el 90% y el 95% de los establecimientos, con la pérdida de entre 20.000 y 25.000 empleos y un coste social de más de 600 millones de euros anuales. Recuerda además que estas tiendas garantizan la trazabilidad de los productos, informan al cliente, controlan la edad de los compradores y fomentan un consumo responsable.
El campo también se verá afectado. Francia cultiva cerca de 25.000 hectáreas de cáñamo y unas 1.000 explotaciones dependen del CBD como fuente de ingresos. Aunque entre el 80% y el 85% del CBD que se consume en el país es importado, la producción nacional ha avanzado en normas medioambientales, trazabilidad y valor añadido local. La Asociación Francesa de Profesionales del Cáñamo (AFPC) denuncia que la nueva fiscalidad castiga al productor francés frente a importaciones más baratas, a menudo con peores estándares sociales y ambientales, y que favorece el mercado paralelo.
La enmienda recupera además un sistema de licencias para vender CBD y productos de vapeo: solo podrán hacerlo los estancos con licencia y los establecimientos que autorice el Estado, todavía sin definir. La Alianza de Servicios Públicos de Canadá (PSAC) advierte de que el modelo podría derivar en un monopolio encubierto en beneficio de las grandes tabacaleras. El Gobierno lo niega, pero la falta de claridad sobre permisos y requisitos amenaza con dejar fuera a la mayoría de los operadores actuales.
Pocas vías de recurso
En el ámbito europeo, las opciones jurídicas son escasas. Bélgica y Austria ya aplican impuestos especiales al CBD fumable, y la sentencia Kanavape garantiza la libre circulación del producto, pero no impide gravarlo con impuestos internos siempre que no sean discriminatorios. Francia conserva así un amplio margen fiscal.
La enmienda se ha aprobado por vías legislativas rápidas, como el artículo 49.3 o las ordenanzas, que permiten al Gobierno esquivar el debate parlamentario ordinario pero también le permitirían dar marcha atrás si la presión política es suficiente. La AFPC y la UPCBD han llamado a movilizarse a profesionales, consumidores, legisladores y sociedad civil.
El sector asegura que no rechaza la regulación ni los impuestos. Lo que pide es un marco ajustado al riesgo real del CBD, un IVA claro del 20%, ningún impuesto especial ni equiparación con el tabaco y normas proporcionadas y transparentes. Los próximos meses dirán si la enmienda se aplica tal como está redactada.
