He hecho una prueba antes de sentarme a escribir. He leído todo lo que han dicho en las últimas semanas Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal, Ada Colau, Irene Montero, Gabriel Rufián y compañía, y he buscado una sola frase sobre cannabis. No la he encontrado. Ni una. Faltan veinte días para votar, la campaña oficial arranca el 13 de noviembre y, a fecha de hoy, el cannabis es el gran ausente de estas elecciones generales anticipadas.
Y eso, que en otra época me habría parecido normal, hoy me parece casi un escándalo. Porque esta legislatura que se ha cerrado de golpe con el decreto de disolución publicado en el BOE el 6 de octubre deja encima de la mesa un real decreto de cannabis medicinal recién arrancado, una reforma de la ley mordaza muerta por tercera vez, un recurso en el Supremo y cientos de clubes sociales sin ley que los ampare. Lo que salga de las urnas el 29 de noviembre va a decidir qué pasa con todo eso.
Como los partidos no lo cuentan, lo voy a contar yo. Con lo que han votado, con lo que han escrito y con lo que han dicho cuando creían que nadie les preguntaba. Y luego, lo más interesante: qué cabe esperar según quién acabe en La Moncloa.
Cómo llegamos al 29N: un mapa con más silencio que propuestas
Primero, una advertencia honesta. A la hora de escribir esto, casi ningún partido ha publicado su programa electoral completo. Los comparadores independientes como DatosClaros o Elecciones en España los tienen marcados como pendientes, con la excepción de ERC. Así que buena parte de lo que sigue es memoria parlamentaria, no promesa electoral. Pero la memoria parlamentaria es lo que mejor predice el comportamiento de un partido en el Gobierno. Lo digo después de veinte años viendo cómo los programas se escriben con tinta y los votos con hechos.
El tablero, según las encuestas, está así. La media de sondeos recogida a 1 de noviembre sitúa al PP en torno al 31 %, al PSOE cerca del 27 %, a Vox rozando el 19 % y al Frente Amplio de Ada Colau alrededor del 6 %. Varias proyecciones de escaños dan a PP y Vox juntos alrededor de 200 diputados, por encima de los 176 de la mayoría absoluta. Las encuestas fallan, y lo sabemos todos, pero ignorar ese dato sería hacerse trampas al solitario.
El historial: así votó cada partido cuando el cannabis llegó al Congreso
Hay tres fechas que conviene tener grabadas. La primera es el 19 de octubre de 2021, cuando el Congreso debatió por primera vez una ley para regular todos los usos del cannabis, la de Más País. Cayó por 75 votos a favor, 263 en contra y 9 abstenciones. PSOE, PP y Vox votaron juntos en contra; a favor estuvieron Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, CUP, Junts, PDeCAT y Ciudadanos, y el PNV se abstuvo, según contó eldiario.es. De aquel día recuerdo la frase del diputado socialista Daniel Vicente Viondi: «El cannabis no es ninguna solución, es un problema». Y la de Íñigo Errejón: «En el mercado negro no piden DNI».
La segunda es el 27 de junio de 2022, cuando la Comisión de Sanidad aprobó el informe de la subcomisión de cannabis medicinal por 20 votos a 14. A favor, PSOE, Unidas Podemos, PNV, PDeCAT y Ciudadanos. En contra, PP y Vox. ERC y Bildu se abstuvieron porque el texto dejaba fuera el autocultivo para pacientes, como recogió El Salto.
La tercera es el 21 de febrero de 2023, cuando ERC llevó al pleno su ley de regulación integral. Resultado: 78 a favor, 261 en contra y 2 abstenciones, otra vez con PSOE, PP y Vox en el mismo bando, según Servimedia. Esa vez el PNV sí votó a favor.
Si alguien me pregunta qué ha cambiado desde que empecé en esto, a principios de los 2000, le diría que entonces ningún partido con escaño se atrevía a pronunciar la palabra regulación. Hoy hay media docena que la ha votado. Lo que no ha cambiado es que los dos grandes, cuando llega la hora de la verdad, siguen diciendo que no al uso adulto.
PP y Vox: la derecha ante el cannabis medicinal y recreativo
El PP ha sido coherente, eso hay que reconocérselo. Votó en contra de las dos leyes de regulación integral y también en contra del informe de cannabis medicinal en 2022. Su argumento entonces, recogido por Infosalus, fue que «todavía no hay evidencia científica sólida» y que cualquier paso debía pasar por la AEMPS. En 2023, el diputado Eduardo Carazo habló de un consumo que «destruye familias y sociedades». En esta campaña, el «Contrato con España» que firmó Feijóo el 19 de octubre no menciona ni drogas ni cannabis. Lo más cercano ha sido su promesa en Málaga, el 8 de noviembre, de más medios contra el narcotráfico en la costa andaluza, según CampoGibraltar24h.
Vox va un paso más allá. Su portavoz sanitario, Juan Luis Steegmann, llegó a acusar a la izquierda de querer convertir España en un «narcoestado» por aprobar el informe de cannabis medicinal, y dijo en 2022 que la regulación medicinal «abre la puerta a que el uso recreativo inunde la sociedad». Su programa de 2023 no dedicaba una línea al cannabis, pero sí a endurecer las penas por narcotráfico.
¿Derogaría un Gobierno de PP y Vox el real decreto de cannabis medicinal? No lo sé, y nadie lo ha dicho. Ninguno de los dos partidos ha reaccionado públicamente al decreto, que yo haya encontrado. Mi impresión es que el PP no se tomará la molestia de tumbarlo, porque está en manos de hospitales y especialistas y no le da votos tocarlo. Pero tampoco lo ampliará. Y Vox, en una negociación de Gobierno, podría pedir endurecerlo. Ahí está el riesgo real.
PSOE: el partido que dice sí al medicinal y no al recreativo
El PSOE es el gran tapón y, a la vez, el que ha movido la única pieza real de estos años. Votó contra las leyes de uso adulto de Más País y de ERC, pero impulsó el informe de 2022 y su Gobierno aprobó el Real Decreto 903/2025, de 7 de octubre, publicado en el BOE el 9 de octubre de 2025. Ese decreto permite fórmulas magistrales con extractos estandarizados de cannabis, recetadas solo por especialistas hospitalarios y dispensadas solo en farmacia de hospital. Ni flor, ni autocultivo, ni farmacia comunitaria.
Un año después, el sistema empieza a andar. La AEMPS incorporó la primera monografía al Formulario Nacional en enero, y en octubre llegaron las primeras preparaciones a los hospitales, según Qué! y Business of Cannabis. El único proveedor autorizado, por cierto, es la filial española de una multinacional estadounidense, como contó Público. Y el Consejo General de Colegios Farmacéuticos tiene recurrido el decreto ante el Supremo por excluir a las farmacias de calle.
Un PSOE que repita en el Gobierno mantendría este modelo, casi seguro. La revisión del decreto que el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, situó a finales de 2026 podría abrir la puerta a la farmacia comunitaria, según Revista THC. Sobre el uso adulto, no hay ninguna señal de cambio. En 2023, su diputado Alfredo Sancho dijo que el terapéutico y el recreativo son «debates distintos». Traducido: el segundo no toca.
Frente Amplio, Podemos y Compromís: las fuerzas a favor de regular el uso adulto
A la izquierda del PSOE el mapa ha cambiado. El Frente Amplio de Ada Colau reúne a IU, Más Madrid, Movimiento Sumar, Comuns y otras formaciones, mientras Podemos va por separado con Irene Montero y Compromís se presenta en el País Valencià como Compromís-Front Valencià. Ninguno de los tres ha publicado programa todavía ni ha hablado de cannabis en campaña.
Lo que sí sabemos es de dónde vienen. Sumar llevó en 2023 la regulación íntegra del cannabis en su programa, con un modelo de asociaciones sin ánimo de lucro, como recogió Cáñamo. IU defiende desde hace años el autocultivo y los clubes. Podemos registró en enero de 2024 una ley de regulación del uso adulto que, por lo que he podido comprobar, nunca llegó a debatirse.
Y luego está la contradicción de esta legislatura, que no puedo pasar por alto. La ministra de Sanidad, Mónica García, de Más Madrid, sacó adelante el decreto medicinal, pero en abril de 2024 dijo en el Congreso que regular el uso adulto «excede por completo el rango de nuestras competencias», según Cáñamo. Los pacientes, por su parte, se quejaron de que el decreto dejaba fuera la flor y el autocultivo. Así que mi pregunta a Colau sería sencilla: ¿lo vais a poner como condición para entrar en un Gobierno o va a volver a quedarse en el programa?
De Colau sabemos algo más por su etapa en Barcelona. Su equipo aprobó en 2016 un plan urbanístico para ordenar los clubes cannábicos de la ciudad, que el Supremo tumbó en 2020 al entender que el Ayuntamiento no tenía competencias. Conoce el problema de primera mano.
ERC, Junts, PNV, Bildu, BNG y Coalición Canaria: los que deciden mayorías
Si el próximo Gobierno vuelve a depender de los partidos nacionalistas, aquí es donde puede haber sorpresas. ERC es el único partido que ha publicado ya su programa para el 29N. En lo que he podido leer pide derogar la ley mordaza, y su historial es el más claro del Congreso: suya fue la ley de regulación integral tumbada en 2023, con autocultivo de hasta seis plantas, clubes y dispensación terapéutica, y suya también la propuesta de autocultivo para pacientes en la subcomisión de 2022.
Junts votó a favor de la ley de Más País en 2021, pero en el Ayuntamiento de Barcelona firmó en 2025 con el PSC una moción para endurecer las inspecciones de los clubes. Su concejal Jordi Martí Galbis dijo entonces que Barcelona «no puede ser la capital europea de la droga ni del cannabis», según Catalunya Press. Es un partido que hoy cuesta predecir.
El PNV fue quien pidió crear la subcomisión de cannabis medicinal en 2021 y votó a favor de la ley de ERC en 2023. EH Bildu ha votado a favor de todas las leyes de regulación. De Coalición Canaria sé que apoyó en el Parlamento canario, en 2024, impulsar la investigación y la industria del cannabis medicinal en las islas. Del BNG, sinceramente, no he encontrado ni votos ni declaraciones sobre cannabis que pueda citar con seguridad.
Y un recuerdo para los que llegaron tarde a esta historia: Cataluña aprobó en 2017 una ley de asociaciones cannábicas con el apoyo de todos los grupos menos el PP, y Navarra otra en 2014. El Tribunal Constitucional anuló las dos porque la materia penal es competencia del Estado. Esa es la lección: sin una ley estatal, los clubes seguirán en el limbo, gobierne quien gobierne en las autonomías.
¿Y Se Acabó La Fiesta? El partido de Alvise Pérez no tiene, que yo sepa, ninguna posición sobre cannabis. Su única relación con las drogas ha sido proponer test a los eurodiputados.
Qué pasará con el cannabis según quién gobierne
Aquí es donde me mojo. Si las encuestas aciertan y PP y Vox suman mayoría, lo previsible es un congelador de cuatro años. El decreto medicinal seguramente sobreviviría, pero sin ampliaciones ni revisión hacia la farmacia de calle. La reforma de la ley mordaza, que iba a rebajar la multa por tenencia o consumo en la vía pública de los actuales 601 euros como mínimo a una horquilla de 100 a 500 euros, quedaría enterrada. Recordemos que esa reforma ya ha caducado con la disolución, como recordaba Moncloa.com, y que en 2023 se impusieron casi 199.000 sanciones por tenencia de drogas, según Valencia Plaza. Y si Vox entra en el Gobierno con alguna cartera relacionada con Interior o Sanidad, no descartaría más presión sobre los clubes y sobre las tiendas de CBD.
Si el PP gobierna en solitario con apoyos puntuales, el escenario sería parecido, pero con menos ruido. El PP no tiene ninguna prisa por meterse en este charco.
Si repite un Gobierno de PSOE con el Frente Amplio y apoyos nacionalistas, lo más probable es que el decreto se amplíe poco a poco, quizá con farmacia comunitaria y más indicaciones, y que vuelva a intentarse la reforma de la ley mordaza. La regulación del uso adulto solo entraría en juego si los socios la convierten en línea roja en la negociación del Gobierno. Y eso, por lo visto en 2023, no ha pasado nunca.
Hay un tercer escenario del que se habla poco: un bloqueo y una repetición electoral. En ese caso, el decreto seguiría funcionando en piloto automático, el Supremo resolvería el recurso de los farmacéuticos y todo lo demás quedaría en pausa.
Preguntas rápidas sobre cannabis y elecciones
¿Algún partido grande propone legalizar el cannabis recreativo en estas elecciones? Que se sepa a día de hoy, no. Ni PSOE ni PP ni Vox lo han defendido nunca, y los partidos que sí lo han hecho en el pasado, como el Frente Amplio, Podemos o ERC, no lo han sacado en campaña.
¿Puede un nuevo Gobierno quitar el cannabis medicinal? Puede modificar o derogar el real decreto, porque es una norma del Ejecutivo, no una ley. Nadie lo ha propuesto, pero tampoco está blindado.
¿Siguen igual las multas por fumar en la calle? Sí. La reforma de la ley mordaza se ha caído con la disolución de las Cortes y la sanción por consumo o tenencia en la vía pública sigue siendo grave, desde 601 euros.
¿Y los clubes sociales de cannabis? Siguen sin ley estatal. La disolución también ha frenado la reforma de la ley antitabaco que preocupaba al sector, como contó Cannarias, pero cualquier nuevo Gobierno puede retomarla.
Lo que sigue pendiente
Quedan muchos huecos por rellenar antes del 29 de noviembre, y lo digo con honestidad. No sabemos qué dirán los programas que aún no se han publicado. No sabemos si algún candidato será preguntado por el cannabis en un debate. No sabemos cuándo resolverá el Supremo el recurso contra el decreto. Y no sabemos si la revisión del decreto prevista para finales de año se hará antes o después de que haya nuevo Gobierno. Iré actualizando este artículo a medida que aparezcan los programas.
Mi opinión: votad sabiendo lo que se vota
Llevo desde 2001 escribiendo sobre esto y he visto pasar Gobiernos de todos los colores. He aprendido que el cannabis nunca decide unas elecciones, pero las elecciones sí deciden mucho sobre el cannabis. Esta vez no hay ninguna promesa ilusionante encima de la mesa, pero sí hay cosas concretas que se pueden perder o ganar: un decreto medicinal recién nacido, la posibilidad de que dejen de multar con 601 euros a quien lleva un porro en el bolsillo, y la oportunidad de dar por fin una ley a los clubes.
Mi petición a los partidos es sencilla: que hablen. Que digan en campaña lo que votaron en el Congreso. Que el PSOE explique por qué apoya el medicinal y rechaza el resto. Que el PP aclare si mantendría el decreto. Que Vox diga si lo derogaría. Y que la izquierda que lleva la regulación en sus programas nos diga si esta vez va a pelearla de verdad. A los lectores, lo de siempre: votad lo que queráis, pero votad sabiendo lo que cada uno ha hecho cuando tuvo la oportunidad.
Este artículo es informativo y no constituye asesoramiento legal.
