En la granja Pineapple Road, en Antigua, el maestro cultivador Michaelus Tracey distingue las variedades de cannabis por su aroma y su forma. Allí crecen nueve cepas, desarrolladas tras ensayos intensivos para lograr distintos sabores y efectos medicinales: relajación, energía, alivio del dolor o menos ansiedad. El calor, el sol y la humedad hacen del Caribe un lugar privilegiado para el cultivo, y la región quiere aprovecharlo para sumarse a la revolución del cannabis.
Jamaica despenalizó el cannabis recreativo hace una década y legalizó su uso medicinal, y otros países como Antigua y Barbuda siguieron sus pasos. Para la profesora Rose‑Marie Belle Antoine no basta: defiende una legalización plena y regulada que impulse la investigación y el desarrollo, frenados durante años por la guerra contra las drogas. En Antigua ya se preparan estudios sobre usos medicinales y agrícolas de la planta, aprovechando un marco legal más abierto.
La mirada puesta en Estados Unidos
La orden ejecutiva con la que el presidente Donald Trump reclasificó el cannabis como droga de nivel 3, menos restrictiva, se ha recibido en la región como un hito. La empresaria Alexandra Chong, de la compañía jamaicana Jacana, cree que puede facilitar la liberalización en el Caribe, mejorar la percepción regulatoria e incluso permitir exportaciones a Estados Unidos en el futuro. Por ahora, la importación sigue siendo ilegal a nivel federal, aunque 24 estados ya permiten el uso recreativo.
Jamaica y Antigua trabajan en procedimientos para exportar cannabis de forma legal cuando el mercado internacional lo permita. Antigua presume de su ubicación, de su aeropuerto internacional y de lo que llama un cannabis único.
Costes altos y un mercado ilegal dominante
La industria legal avanza con dificultades. En Jamaica, el 90% del cannabis que se consume procede del mercado ilícito, y muchas de las más de 160 licencias concedidas desde 2017 ya no están activas por la dureza de la regulación y los costes de operar. En Antigua, importar cannabis ilegal sigue saliendo más rentable que producirlo legalmente, y el país solo cuenta con seis plantaciones legales, cuatro dispensarios y un salón de consumo.
Para cambiarlo, Antigua ha optado por integrar a los cultivadores ilegales en lugar de perseguirlos. Les ofrece un curso gratuito de seis semanas para entrar en el mercado regulado, que ya cuenta con 22 graduados, algunos de ellos en el sector medicinal.
Reparación a la comunidad rastafari
La liberalización también ha tenido una dimensión social. En 2018, el primer ministro de Antigua pidió perdón a los rastafaris por décadas de persecución, y en 2024 se les concedió permiso sacramental para cultivar cannabis. El Gobierno prevé además borrar los antecedentes por posesión de pequeñas cantidades. Los líderes rastafaris, aun así, recuerdan los abusos policiales del pasado y lo largo que ha sido el camino hasta el reconocimiento.
Mientras tanto, en Pineapple Road los trabajadores preparan porros de un gramo para el dispensario. Productores y autoridades coinciden en que el clima permite al Caribe competir a escala global, en que la industria debe quedar en manos locales y en que el objetivo no es copiar Ámsterdam, sino promover el bienestar.
