Colombia ha vuelto a poner sobre la mesa uno de los debates más relevantes de su política contemporánea: la regulación legal del cannabis. Esta semana, el país avanzó un paso clave cuando la Primera Comisión de la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que busca legalizar la marihuana para uso adulto, impulsado por el representante Alejandro Ocampo.
Aunque aún queda un largo camino legislativo —pleno de la Cámara y dos debates más en el Senado—, este avance marca un momento significativo en un país profundamente afectado por décadas de guerra contra las drogas.
¿Qué propone exactamente el proyecto de ley?
El proyecto plantea una regulación integral del cannabis, “desde la semilla hasta el producto final”, según Ocampo. Estas son las medidas más destacadas:
- Compra legal para mayores de 18 años: Hasta 20 gramos de flor y 5 gramos de concentrados por día.
- Impuesto del 20% sobre las ventas.
- Cultivo personal permitido: Hasta 20 plantas por persona.
- Clubes de cannabis sin ánimo de lucro: Podrán cultivar hasta 200 plantas para abastecer a sus miembros.
- Enfoque social y reparador:
- Eliminación de antecedentes penales por delitos relacionados con cannabis.
- Posible liberación de personas encarceladas por estos delitos.
- 70% de las licencias de cultivo reservadas para comunidades étnicas y campesinas.
- Al menos la mitad del cannabis legal deberá provenir de cultivos de estas comunidades.
- Publicidad restringida para evitar impacto en menores.
- Campañas de salud pública sobre riesgos del consumo.
Este enfoque no solo busca regular un mercado existente, sino también reparar daños históricos causados por la prohibición.
Un proyecto con fuerte carga social
Ocampo y otros legisladores han insistido en que la regulación no es solo un asunto económico o de libertades individuales. También es una oportunidad para:
- Apoyar a comunidades indígenas y afrocolombianas que han cultivado cannabis por generaciones.
- Reducir la criminalización de consumidores y pequeños cultivadores.
- Debilitar el mercado ilegal que alimenta la violencia y el narcotráfico.
Este enfoque coincide con la visión del presidente Gustavo Petro, quien ha sido uno de los defensores más vocales de un cambio profundo en la política de drogas.
Petro y la crítica a la “guerra contra las drogas”
El presidente Petro ha reiterado en múltiples escenarios —incluyendo la ONU y la Conferencia Latinoamericana y Caribeña sobre Drogas— que la guerra contra las drogas ha sido un fracaso que ha dejado un rastro de violencia, mafias y conflicto armado.
Algunos puntos clave de su postura:
- La prohibición ha generado más daño que el propio consumo.
- Colombia y México han sido “las mayores víctimas” de esta política.
- Legalizar el cannabis podría reducir el poder del mercado ilícito.
- La regulación debería ir acompañada de la liberación de personas encarceladas por delitos menores relacionados con cannabis.
- Ha señalado la “hipocresía” de países como Estados Unidos, donde el cannabis es legal en muchos estados mientras se mantiene la narrativa prohibicionista a nivel internacional.
Incluso ha sugerido que EE. UU. debería reemplazar la prohibición por un marco regulatorio que permita consumo adulto y exportaciones legales.
Intentos previos y obstáculos
Colombia ha intentado legalizar el cannabis en varias ocasiones:
- En 2023, una propuesta para reformar la Constitución fracasó en la última etapa.
- Otro proyecto independiente avanzó en su primer debate, pero se estancó después.
El avance de esta semana revive el debate y abre una nueva oportunidad para una reforma que ha sido esquiva.
¿Por qué este avance es tan relevante?
Porque Colombia es uno de los países más emblemáticos en la historia de la guerra contra las drogas. Un cambio legislativo aquí tendría repercusiones:
- Políticas: redefiniría la estrategia nacional frente al narcotráfico.
- Sociales: podría reparar injusticias históricas y reducir la criminalización.
- Económicas: abriría un mercado regulado con potencial exportador.
- Regionales: influiría en otros países latinoamericanos que observan el proceso.
Además, el proyecto incorpora un enfoque de justicia social poco común en legislaciones similares en otros países.
Conclusión
Colombia está ante un momento decisivo. La aprobación en comisión no garantiza la legalización, pero sí demuestra que el país está dispuesto a replantear un modelo prohibicionista que ha marcado su historia reciente. El debate que viene será intenso, político y profundamente social.
La pregunta ya no es solo si Colombia legalizará la marihuana, sino cómo lo hará y a quién beneficiará. Y este proyecto, con su énfasis en comunidades vulnerables y reparación histórica, podría convertirse en un referente regional.
