La Primera Comisión de la Cámara de Representantes de Colombia aprobó esta semana un proyecto de ley para legalizar la marihuana de uso adulto, impulsado por el representante Alejandro Ocampo. Queda un largo recorrido: el texto tiene que pasar por el pleno de la Cámara y por dos debates más en el Senado.
Aun así, la votación devuelve al centro de la política colombiana la regulación legal del cannabis, en un país muy marcado por décadas de guerra contra las drogas.
Qué propone el proyecto
El proyecto plantea regular el cannabis «desde la semilla hasta el producto final», en palabras de Ocampo. Los mayores de 18 años podrían comprar legalmente hasta 20 gramos de flor y 5 gramos de concentrados al día, y las ventas tendrían un impuesto del 20 %. Se permitiría el cultivo personal de hasta 20 plantas por persona, y los clubes de cannabis sin ánimo de lucro podrían cultivar hasta 200 plantas para abastecer a sus miembros.
El texto incluye también medidas de reparación. Prevé borrar los antecedentes penales por delitos relacionados con el cannabis y contempla la posible liberación de las personas encarceladas por ellos. Reserva el 70 % de las licencias de cultivo a comunidades étnicas y campesinas, y exige que al menos la mitad del cannabis legal proceda de sus cultivos. Además, restringe la publicidad para proteger a los menores y contempla campañas de salud pública sobre los riesgos del consumo.
Ocampo y otros legisladores defienden que la regulación no es solo una cuestión económica o de libertades individuales. La presentan como una forma de apoyar a las comunidades indígenas y afrocolombianas que llevan generaciones cultivando cannabis, de dejar de criminalizar a consumidores y pequeños cultivadores, y de debilitar el mercado ilegal que alimenta la violencia y el narcotráfico.
La postura de Petro
Ese enfoque coincide con el del presidente Gustavo Petro, uno de los defensores más firmes de cambiar la política de drogas. El presidente Petro ha repetido en foros como la ONU o la Conferencia Latinoamericana y Caribeña sobre Drogas que la guerra contra las drogas ha sido un fracaso que ha dejado violencia, mafias y conflicto armado.
Petro sostiene que la prohibición ha hecho más daño que el propio consumo y que Colombia y México han sido «las mayores víctimas» de esa política. Cree que legalizar el cannabis restaría poder al mercado ilícito y que la regulación debería ir acompañada de la liberación de los presos por delitos menores relacionados con la planta. También ha denunciado la «hipocresía» de Estados Unidos, donde el cannabis es legal en muchos estados mientras se mantiene el discurso prohibicionista en el ámbito internacional, y ha llegado a sugerir que ese país sustituya la prohibición por un marco que permita el consumo adulto y las exportaciones legales.
Intentos anteriores
No es la primera vez que Colombia lo intenta. En 2023, una propuesta de reforma constitucional fracasó en la última etapa, y otro proyecto independiente superó su primer debate para estancarse después.
Por el peso de Colombia en la historia de la guerra contra las drogas, un cambio legal tendría efecto en varios frentes. Obligaría a redefinir la estrategia nacional contra el narcotráfico, podría reparar injusticias y reducir la criminalización, crearía un mercado regulado con potencial exportador y serviría de ejemplo para otros países latinoamericanos que siguen el proceso. El componente de justicia social del texto es, además, poco habitual en leyes similares de otros países.
La aprobación en comisión no garantiza la legalización. El proyecto todavía necesita el voto del pleno de la Cámara y superar los dos debates pendientes en el Senado.