El cannabis en Canadá ha dejado más de 5.400 millones de dólares canadienses (CAD) en impuestos desde la legalización, pero el reparto ha sido desigual y el Gobierno federal ha gastado en educación y prevención apenas una cuarta parte de lo que prometió. Siete años después, las cuentas muestran un fuerte impacto económico y un desajuste claro entre lo anunciado y lo ejecutado.
Canadá fue el primer país del G7 en legalizar el cannabis recreativo, en octubre de 2018. La reforma perseguía tres objetivos: reducir el mercado ilegal y llevar el consumo a un sistema regulado, generar ingresos para las provincias y el Estado federal, e invertir en educación y prevención para limitar los riesgos sanitarios.
Las provincias se llevan la mayor parte
De esos ingresos, 4.200 millones (cerca del 78 %) han ido a las provincias y 1.200 millones (alrededor del 22 %) al Gobierno federal. Ontario encabeza la lista con 1.500 millones CAD, la mayor cifra absoluta del país, gracias a una red amplia de tiendas y a una fuerte demanda urbana.
Alberta ha recaudado algo más de 1.000 millones, pero lidera en rendimiento por habitante, con 210 CAD per cápita, tras una expansión rápida del comercio minorista con menos restricciones que en Quebec. Los Territorios del Noroeste y Yukón, con poca población, logran cifras per cápita relativamente altas: 135 y 126 CAD. En el otro extremo está Quebec, con solo 55,31 CAD por habitante, fruto de un modelo prudente con precios controlados y pocos puntos de venta.
Ottawa ingresa menos de lo previsto
En 2018-2019, el Gobierno federal calculaba ingresar 690 millones CAD en cinco años. Entre 2018 y 2023 recaudó 567 millones, 123 millones menos de lo previsto. Entre las causas figuran unos impuestos especiales demasiado altos para los productores, los márgenes que aplican las provincias, que recortan el beneficio de las empresas, y un mercado ilegal que sigue vendiendo más barato.
El resultado es un pulso entre Ottawa y la industria, que pide una reforma fiscal para que los negocios legales sean viables. Los productores denuncian que la suma de impuestos y márgenes provinciales ahoga su rentabilidad, en un sector con márgenes estrechos y mucha competencia.
La prevención, la gran olvidada
El compromiso inicial era destinar 83 millones CAD en cinco años a educación y prevención. El gasto real ha sido de 21,6 millones, alrededor del 25 % de lo prometido. Más de la mitad, 13 millones, se gastó en 2018-2019; entre 2020 y 2022, con la pandemia, la cifra bajó a menos de 500.000 CAD anuales, y en 2024-2025 repuntó hasta 2,3 millones. A eso se suman 29,6 millones CAD repartidos entre 26 iniciativas externas.
Los críticos señalan que ese gasto no ha seguido el ritmo del mercado y que limita la capacidad de informar sobre riesgos como el consumo en jóvenes, la conducción bajo los efectos o la salud mental. Comparado con lo recaudado, el dinero para prevención es mínimo, lo que pone en cuestión la coherencia de la política.
El mercado regulado ha creado miles de empleos en cultivo, distribución y venta, y ha reforzado los presupuestos provinciales, sobre todo en Ontario y Alberta. Quedan varios frentes abiertos: la industria presiona para bajar impuestos, provincias como Quebec podrían flexibilizar su modelo para ingresar más, se espera más inversión en prevención y el mercado ilegal sigue compitiendo en precio y accesibilidad.
