El Bundesrat, la cámara alta alemana, votó el 21 de noviembre sobre la reforma de la Ley de Cannabis Medicinal (MedCanG) con un resultado mixto. Respaldó restricciones en la prescripción, los precios y la publicidad, pero rechazó endurecer todavía más el envío por correo.
Con el cannabis bajo lupa, Alemania busca un equilibrio entre el control sanitario y el acceso de los pacientes, en un mercado que ha crecido de forma explosiva desde que el cannabis dejó de estar clasificado como estupefaciente. El Gobierno quiere frenar lo que llama «abuso» en el aumento de importaciones y recetas.
Qué aprobó la cámara alta
La primera medida es no reconocer las recetas emitidas por médicos de la UE, el Espacio Económico Europeo o Suiza. El objetivo es garantizar una consulta presencial verificable entre médico y paciente, algo que Alemania no puede comprobar en las recetas extranjeras. Es un golpe directo a las plataformas de telemedicina de otros países que actuaban como intermediarias en el mercado alemán.
La segunda devuelve el cannabis medicinal a la Arzneimittelpreisverordnung, la normativa alemana de precios de medicamentos. Al salir de la Ley de Estupefacientes, las farmacias habían bajado precios en un mercado muy competitivo; ahora podrían subir, con menos margen para las farmacias y consecuencias para pacientes y aseguradoras.
La tercera prohíbe la publicidad dirigida al público, igual que ocurre con el resto de medicamentos con receta. Se trata de frenar el marketing agresivo de las plataformas online que han facilitado el acceso, y obliga a las empresas a centrarse en los canales médicos y profesionales. Los pacientes, a cambio, tendrán menos visibilidad de las opciones de tratamiento.
Lo que no salió adelante
No prosperó la propuesta de considerar infracción administrativa que las farmacias envíen flores de cannabis por correo. Eso evita por ahora un golpe al acceso de los pacientes de zonas rurales, aunque la prohibición de base sigue en el proyecto de ley. También se rechazaron nuevos mecanismos para supervisar las consultas presenciales y una moción adicional de uno de los estados.
El Bundestag tiene la última palabra
El proyecto es una Einspruchsgesetz (ley de objeción), por lo que el Bundesrat no puede bloquearlo. Sus recomendaciones pasan al Bundestag, que puede adoptarlas, modificarlas o ignorarlas. Si la cámara alta no queda satisfecha, puede pedir una mediación o presentar una objeción, pero el Bundestag puede anularla por mayoría.
El SPD se opone a las medidas más restrictivas, lo que deja margen para cambios en el Bundestag. Por esa resistencia y por las negociaciones en curso, los analistas no esperan la votación final antes de 2026. Hasta entonces, farmacias y empresas tendrán que trabajar con unas reglas todavía en el aire.
