Legalizar y regular el cannabis podría reportar al Reino Unido unos ingresos de 1.500 millones de libras esterlinas al año, según un informe reciente de la fundación británica Transform Drug Policy Foundation. El cálculo combina 1.000 millones procedentes de impuestos y 300 millones de ahorro en policía, juzgados y prisiones.
El estudio estima además que la legalización crearía más de 15.500 empleos a tiempo completo y reduciría de forma sustancial el mercado ilegal. «Existen múltiples razones para acabar con el fracaso generacional y la injusticia de la prohibición del cannabis, pero los argumentos económicos tienen un peso crucial en el contexto político actual», afirma Steve Rolles, analista principal de Transform.
Tres modelos de regulación
El informe compara tres opciones. La primera es un modelo comercial supervisado por el Estado, inspirado en el de Canadá, que es el que más recauda: hasta 1.230 millones de libras al año en impuestos y unos 284 millones de ahorro en justicia penal. Su inconveniente, según los autores, es el riesgo de concentración del mercado en manos de grandes corporaciones.
La segunda apuesta por el autocultivo y las entidades sin ánimo de lucro, con prácticas como las de España, Uruguay, Alemania y Malta. Generaría 345 millones de libras en impuestos y unos 7.000 empleos, con costes regulatorios menores y sin influencia de las grandes empresas. Pero solo sustituiría el 45 % del mercado ilegal y dejaría mucho margen al comercio ilícito.
La tercera es un modelo híbrido que combina autocultivo, asociaciones sin ánimo de lucro y venta minorista regulada. Aportaría 1.100 millones en impuestos, crearía 15.525 empleos y podría reemplazar hasta el 80 % del mercado ilícito en cinco años. Equilibra ingresos y salud pública, aunque tampoco elimina el riesgo de monopolio.
Salud pública y justicia social
Los autores insisten en que el dinero no debe eclipsar las prioridades sanitarias. Un mercado legal ofrecería productos sometidos a controles de calidad y de dosificación, y sustituiría las sanciones penales por estrategias de reducción de riesgos y programas educativos.
«Prohibir el cannabis ha sido un fracaso generacional que ha afectado negativamente a la salud pública, criminalizado a millones de personas y desperdiciado los recursos de los contribuyentes, además de ser cada vez menos popular entre la ciudadanía», sostiene Ester Kincová, coautora del informe. El documento propone destinar parte de los ingresos a las comunidades marginadas más perjudicadas por la prohibición, especialmente la población negra, y facilitar la anulación de condenas anteriores.
Pese a los cambios en otros países, el Gobierno británico no ha abierto un debate serio sobre la regulación. «Es momento de que el gobierno del Reino Unido madure, enfrente la realidad y entable un debate constructivo sobre cómo la legalización y regulación del cannabis pueden aportar beneficios significativos al país», concluye Rolles.
