0,2% es el límite de THC legal en España en una planta de marihuana, salvo que recibas una autorización de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del Ministerio de Sanidad. En España actualmente sólo cinco entidades ostentan este privilegio, es decir, solo 5 empresas tienen la licencia en España, pero solo una de ellas puede cultivar en campo abierto.
Se trata de Alcaliber, una de las empresas líderes en la producción de morfina en el mundo. La AEMPS ha concedido a Alcaliber una autorización para emplear 1085 hectáreas para el cultivo de cannabis con más de 0,2% de THC.
En concreto la licencia permite a esta empresa el “cultivo, producción, fabricación, importación, exportación, distribución y comercialización de cannabis” para la industria farmacéutica. Las otras entidades con permiso de cultivo de marihuana con un contenido mayor de 0,2% de THC, aunque solo con fines de investigación o exclusivamente didácticos y educativos, son CIJA-Preservation, Phytoplant Research, la Universidad Politécnica de Valencia y DJT Plant Spain S. L.
Las otras tres entidades con licencia en España sólo pueden hacerlo con fines educativos o de investigación.
Esta última posee además una licencia comercial similar a la de Alcaliber, pero sin la posibilidad de cultivo en campo abierto, por lo que estas cinco instituciones acaparan los seis únicos permisos existentes en España de esta naturaleza.
A pesar de las demandas de investigadores y pacientes que se extienden ya por muchos años, y de las múltiples solicitudes de licencia, y a pesar de que la regulación de la marihuana medicinal cuenta ya con años de implementación en numerosos países, en España parece que tendremos que lidiar aun por mucho tiempo con ciertos intereses políticos y económicos, y el recato conservadurista, que frenan la regulación nacional del cannabis terapéutico.
Los criterios para la concesión de licencia en España datan de la década de los 60.
La licencia más importante concedida en España, la de Alcaliber, hunde sus raíces en el hecho de que esta empresa reunía los requisitos para la obtención de este tipo de licencias exigidos en plena era franquista. Si los criterios para poder cultivar marihuana medicinal en España se sustentan en la legislación de 1967 y en la orden sobre el cultivo de plantas medicinales relacionadas con los estupefacientes de 1963, obviamente algo estamos haciendo mal. La revisión de la legislación y las normativas se hace urgente y no podemos demorarlo más.
Decir que el mercado del cannabis medicinal empieza a abrirse en España sería aún exagerado, si a efectos prácticos la situación resulta difícil de diferenciar de un monopolio. En este ambiente de trabas a la concesión de licencias, Alcaliber, haciendo uso de las posibilidades de su privilegio, se asociaba el año pasado con la empresa canadiense CanopyGrowth con el fin de intercambiar conocimientos y compartir cepas. En España el único un medicamento basado en el cannabis comercializado es Sativex, producido por la compañía británica GW Pharmaceuticals. Para su prescripción los facultativos han de pedir permiso a la AEMPS.
Exasperarte resulta también el silencio mediático tanto desde las instituciones o empresas autorizadas con licencias, que temen perderlas, como de la propia Agencia del Medicamento, que se niega a dar información por tratarse de sustancias estupefacientes. La marihuana parece seguir siendo una planta maldita incluso en manos de quienes poseen o gestionan las licencias.
Por su parte, la Universidad Politécnica de Valencia, que se muestra más comunicativa, está trabajando en un proyecto encargado y financiado por la empresa valenciana Hemp Trading para producir una cepa con alto contenido en CBD y muy bajo en THC. La idea es generar una cepa con un elevado poder terapéutico gracias a los beneficios demostrados del cannabidiol (CBD) y sin propiedades psicoactivas, manteniendo el nivel de THC por debajo del 0,2% para que su cultivo sea legal en nuestro país.
Nos felicitamos con mucha cautela por estos modestos pasos, conscientes de que aún queda mucho trabajo por hacer para romper la inercia institucional y social que mantiene a la marihuana en un estatus impropio de un país moderno del s. XXI.
